​Cargos por confiabilidad en agua potable

Por: Mariluz Mejía de Pumarejo

Presidente Ejecutiva de ACODAL

Ante el crítico desabastecimiento hídrico de acueductos y el mayor impacto negativo de cargas contaminantes a fuentes hídricas de bajo caudal nos preguntamos: ¿Y cuál es el cargo por confiabilidad para el sector de agua y saneamiento que garantice abastecimiento seguro de mediano y largo plazo a los usuarios de estos servicios?

En medio de la preocupación nacional por las implicaciones del fenómeno de “El Niño” en la generación de energía, la solución al desabastecimiento de acueductos queda en manos de los municipios. Existe el convencimiento de que los servicios de acueducto y alcantarillado son responsabilidad municipal y algunos expertos dicen que esta opinión generalizada no se sustenta en la Constitución Nacional ni en la Ley 142 de 1994 sobre el régimen de prestación de estos servicios.

Algo que explica la “territorialización” de agua y saneamiento, es la supuesta ausencia de una red interconectada nacional, olvidando que la interconexión de los acueductos es la cadena hídrica nacional y que, mientras la energía eléctrica cuenta con oferta sustituta e infraestructura de respaldo como las térmicas, la demanda básica de agua potable es inelástica.

Otro aspecto radica en reconocer que agua y saneamiento constituyen un monopolio natural, cuya regulación como mercado competitivo es más teórica que práctica. Y siendo el mercado de energía también un monopolio natural, la regulación y la institucionalidad han logrado manejarlo como mercado competitivo.

A diferencia del sector eléctrico, no existe un mercado bursátil de agua para acueductos, pues faltan infraestructuras de abastecimiento que faciliten la presencia de generadores de agua de manera similar a la del Mercado de Energía Mayorista MEM. Tampoco existe para agua y saneamiento un Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales como la –ASIC- del sector energético que recaude lo que pagan los usuarios por confiabilidad. 

Son varias las fuentes de financiación en agua que se asimilan al cargo por confiabilidad y que hoy se encuentran dispersas en numerosos gravámenes, tarifas e instituciones recaudadoras. Veamos: 1% que pagan las obras públicas que utilizan agua, la tasa retributiva que ya representaba un recaudo de $1,17 billones de pesos de un total de gastos por $3,7 billones en 2007, la tasa de uso del agua, el cobro del Costo Medio de Largo Plazo mencionado atrás y el valor de reposición de activos que también se incluye en la tarifa de acueducto.

Otros cargos pagados por usuarios de servicios de acueducto que pudieran semejarse al cargo por confiabilidad del sector de energía, tienen que ver con el costo medio de largo plazo –CMLP- que algunos prestadores cobran en la tarifa.

Es evidente que en los cálculos de la tarifa techo expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA-, no se incluye inversión en embalses para el abastecimiento regional de acueductos, como sí ocurre para garantizar a usuarios de energía abastecimiento de largo plazo.

La esperanza es que el sector agua potable sea considerado estratégico, con un sistema institucional que planifique, como la Unidad de Planeación Minero Energética, con una administradora de intercambios y centros regionales de despachos de agua, y con una Agencia Nacional del Agua, similar al Consejo Nacional de Operación de Energía.