Urge la creación de una Agencia Nacional del Agua como autoridad única para conquistar la gobernanza del recurso y redefinir el ámbito de jurisdicción por cada una de las nueve macrocuencas.
En el reciente Congreso de Acodal celebrado en Santa Marta, dos eventos marcaron la discusión política estructural sobre la gestión del agua para su producción, conservación y distribución entre los distintos usuarios. Un conversatorio con el exministro de Hacienda y de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y un panel con el senador Antonio Navarro Wolf, la excandidata presidencial Clara López Obregón y la exministra de Ambiente y Agricultura, Cecilia López Montaño, quien hace parte de la Misión Rural, para la Transformación del Campo Colombiano.
Acodal instó a los panelistas a que manifestaran su posición frente a reiteradas demandas de protección del recurso hídrico y políticas institucionales para su manejo eficiente y democrático, a fin de incluir propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Frente a esta solicitud, todos coincidieron en la necesidad de un cambio de modelo económico, pero con propuestas diferenciadas.
El exministro Restrepo, bajo un concepto de desarrollo rural integral, propuso dar tratamiento de bienes públicos a servicios como riego, drenaje e infraestructuras de comercialización de productos del campo. Esto sacaría del mercado infraestructuras de riego y regulación de aguas, lo que significa que sería el Estado el oferente de agua para la agricultura y la ganadería, además de ser también responsable de obras de regulación y control para evitar las inundaciones que tanto afectan este tipo de producción.
Clara López, Antonio Navarro y Cecilia López, en sus propuestas, exigen de manera explícita un cambio del modelo económico donde el agua ya no es una mercancía sino un bien público a cargo del Estado tanto en su siembra como en su uso y conservación.
Si bien coinciden con Acodal en la necesidad de un ajuste institucional en la gestión del agua a través de la creación de la Agencia Nacional del Agua y la Superintendencia de Ambiente, los expertos advirtieron que sin una política de Estado sobre la materia, las agencias que se estructuren no tendrán visión sostenible de largo, mediano y corto plazo.
GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO
Hay que empezar por lo primero: una Política de Estado para el Agua. Si bien nuestra Asociación propuso a los candidatos presidenciales adoptar un Plan Estratégico Nacional de Agua Potable y Saneamiento Básico y un Plan de Agua potable y Saneamiento Básico Rural, estos suponen de manera previa, adoptar una Política de Agua. El agua es un bien público que debe garantizarse a los distintos usuarios, por lo que hay que evitar su monopolización, el deterioro de los factores para su siembra y su incorrecta e inequitativa explotación.
Frente a la producción agropecuaria, recordaba el exministro Juan Camilo Restrepo que hace más de 60 años no se proponen en el país nuevas infraestructuras de riego y drenaje. Los otros expositores señalaron que el tema del agua no es ni será de interés del Gobierno nacional mientras se siga creyendo que la oferta de este recurso es infinita, dejando al mercado la regulación del acceso a este bien.
EJECUTORES DE LA POLÍTICA
Con toda razón los calificados expositores reconocieron fallas del Sistema Nacional Ambiental y de las múltiples instituciones existentes que de manera dispersa, responden por la gestión del agua.
En resumen, señalaron entre otras las siguientes falencias a superar:
– Dispersión de recursos y funciones en muchas entidades.
– Falta de gobernabilidad en especial de las corporaciones autónomas regionales.
– Reducción paulatina de recursos en cabeza del Ministerio de Ambiente.
– Trashumancia del tema del agua por diferentes ministerios e institutos.
En materia institucional plantearon las siguientes propuestas:
– Clara López coincide con Acodal en la creación de la Superintendencia de Ambiente como autoridad única para conquistar la gobernanza del agua.
– Navarro Wolf señala la necesidad de que las autoridades ambientales redefinan el ámbito de jurisdicción por cada una de las nueve macrocuencas: Alto Magdalena, Medio Magdalena, Bajo Magdalena, Caribe, Cauca, Catatumbo, Pacífico y Amazonas. Esto como un primer paso hacia la creación de las instituciones propuestas por Acodal.
– Cecilia López recomendó que los esfuerzos se concentren en la definición de una política de Estado para el agua, pues teme que crear nuevas entidades aumenta gastos y reduce el impacto de las políticas.
Acodal comparte estos diagnósticos e insiste en la Agencia Nacional del Agua, como ejecutora o coejecutora de proyectos ambientales de adaptación al cambio climático, y de gestión de riesgo que permita prevención contra desastres que se originan más allá de la jurisdicción de un municipio afectado. En el nivel central del Estado, se deben definir proyectos regionales de prevención y adaptación, de distribución equitativa del recurso hídrico, y de control de inundaciones en las grandes arterías fluviales del país.
Esta no implicaría más burocracia, sino agrupación de funciones dispersas en varias entidades, adscrita al Ministerio de Ambiente y en cuyo Consejo Directivo participarían Ministerios demandantes del recurso hídrico, que, de manera articulada, definirían prioridades de oferta hídrica, proyectos prioritarios de interés público, además de incentivar la participación privada.
Maryluz Mejía de Pumarejo
Presidente Ejecutiva de Acodal.
Link tomado de: http://www.portafolio.co/opinion/modelo-economico-y-proteccion-del-agua
